La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado múltiples sectores, incluyendo el campo legal. Su influencia en el derecho se extiende tanto a la administración de justicia como a la creación de nuevas normativas diseñadas para enfrentar los retos éticos y legales que surgen con su implementación.
La IA ha introducido herramientas avanzadas que están revolucionando la práctica legal. Por ejemplo, los algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de documentos legales, identificando patrones y precedentes relevantes de manera más rápida y precisa que los seres humanos. Esto no solo mejora la eficiencia en la preparación de casos, sino que también reduce costos, beneficiando a clientes y abogados.
Sin embargo, uno de los principales desafíos que plantea la IA en el ámbito legal es la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA comete un error, como en el caso de un diagnóstico jurídico incorrecto o una decisión sesgada en un tribunal automatizado? La falta de claridad en cuanto a la responsabilidad puede llevar a lagunas legales, dejando a las partes afectadas sin remedios adecuados. Asimismo, la IA puede perpetuar sesgos existentes en los datos que utiliza, lo que podría resultar en decisiones injustas o discriminatorias.
Con el creciente avance de la inteligencia artificial en diversos ámbitos de la sociedad, se vuelve imprescindible crear un marco regulatorio que promueva su uso y desarrollo de manera ética y segura. Aunque gobiernos y organizaciones internacionales han comenzado a diseñar normativas para la IA, estos esfuerzos se encuentran en una fase inicial.
Es crucial que las normativas contemplen aspectos esenciales como la protección de datos, la privacidad, la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos y la responsabilidad tanto civil como penal. Un ejemplo destacado es el marco propuesto por la Unión Europea, que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, estableciendo mayores exigencias para aquellos con un impacto significativo en los derechos fundamentales.
En el campo del derecho penal, la inteligencia artificial ofrece tanto beneficios como desafíos. Por un lado, las herramientas basadas en IA pueden potenciar la eficacia de las fuerzas de seguridad en la prevención y resolución de delitos mediante el análisis predictivo y la identificación de patrones. Sin embargo, el uso inapropiado de estas tecnologías también puede conllevar serios riesgos, como la vulneración de derechos humanos a través de la vigilancia masiva sin las debidas salvaguardias o la discriminación en la aplicación de la justicia.
Además, el surgimiento de delitos cometidos con el uso de IA, como ciberataques automatizados o deepfakes utilizados para fraude o difamación, plantea nuevos desafíos para el derecho penal. Es fundamental que la legislación evolucione para abordar estos nuevos tipos de delitos y proteger a la sociedad de manera efectiva.
El derecho debe adaptarse a los rápidos avances en la tecnología de IA. Esto implica no solo la creación de nuevas leyes y regulaciones, sino también la adaptación de los principios jurídicos existentes a este nuevo contexto. El desarrollo de una IA ética y responsable será clave para asegurar que sus beneficios se maximicen y sus riesgos se mitiguen.
En América Latina, varios países han comenzado a desarrollar marcos regulatorios para la inteligencia artificial, siguiendo tendencias observadas a nivel global. Brasil y Costa Rica han sido escenarios de discusiones continuas sobre la regulación de la IA, con Brasil explorando propuestas más desarrolladas y Costa Rica adoptando un enfoque más simplificado a través de un proyecto marco que enfatiza la necesidad de respetar los principios éticos. Por otra parte, Perú ha logrado avances más concretos con la promulgación de la primera ley sobre inteligencia artificial en la región en 2023, seguida recientemente por un reglamento que, aunque criticado por sus limitaciones técnicas, representa un paso importante hacia la regulación efectiva de la IA.
Es probable que en el futuro veamos un aumento en el uso de la IA para la resolución de disputas, la mediación y otros procesos legales alternativos, lo que podría transformar fundamentalmente la forma en que se administra la justicia. Sin embargo, es crucial que este proceso sea guiado por principios de equidad, transparencia y respeto por los derechos humanos.
La inteligencia artificial está redefiniendo el campo del derecho, presentando tanto oportunidades para mejorar la eficiencia y la justicia como desafíos significativos en términos de ética y regulación. El derecho debe evolucionar junto con la tecnología, asegurando que la IA se desarrolle y se utilice de manera que beneficie a la sociedad en su conjunto. La colaboración entre tecnólogos, juristas y legisladores será esencial para navegar este complejo panorama y construir un marco legal que proteja los derechos y libertades fundamentales en la era de la IA.
María Antonieta Ribadeneira
Abogada | Asociada
Canessa Barriga Abogados